LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC EN ECUADOR

Esta declaración así como su vigencia ha traído polémica en el país.
El documento es un compromiso para respetar la libertad de expresión en el continente garantizando dicha libertad de prensa, y permitiendo el libre acceso a la información y al derecho a ser informado con la verdad.

En sus diferentes articulos y puntos existen partes cuestionables que no han sido analizadas por quienes se han unido a ella.

La Declaración de Chapultepec se adoptó originalmente por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México D.F., el 11 de marzo de 1994

Al Ecuador llegó en agosto de 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad, generando controversia en el país debido a que el gobierno no compartía el artículo 8 del documento que insiste en el carácter voluntario que debe tener toda asociación o colegiación de periodistas.

En Ecuador los comunicadores están obligados a tener un título profesional de periodistas para ejercer la profesión, sin embargo esto no se cumple del todo.

Posteriormente en el marco de la asamblea general de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) celebrada en Miami el 3 de octubre del 2003, el Presidente de ese tiempo Lucio Gutiérrez ratificó una vez más el acuerdo del Ecuador a pertenecer a este documento con su firma.

Y el 19 de marzo de 2006, en el marco de la inauguración de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Presidente de la República de ese entonces, Alfredo Palacio, conjuntamente con los titulares del Congreso, Wilfrido Lucero y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, se comprometieron a respetar los principios que se establecieron en la Declaración de Chapultepec una vez más.

En el actual gobierno del Eco. Rafael Correa, no se tiene previsto por ahora firmar la Declaración de Chapultepec, sino que esperaría a su revisión en el marco de la Asamblea Constituyente instalada en Ciudad Alfaro.

Para el gremio de periodistas e informadores queda en total zozobra de lo que pueda decidir el Presidente y la Asamblea respecto a este tema.